Anadon hace caso omiso al Justicia

Ya no quedan instituciones con las que reunirse ni más sugerencias que el comité de huelga de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA) pueda rechazar para demostrar quién tiene más fuerza en este conflicto. El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, sugirió ayer a los representantes de los trabajadores que abandonen los paros parciales e indefinidos mientras se busca una solución definitiva al conflicto laboral. Los trabajadores rechazaron la medida. El portavoz del comité de empresa, Javier Anadón, y varios trabajadores de AUZSA se reunieron ayer en la sede del Justicia a petición del comité para trasladarle la situación que atraviesan con la empresa y los incumplimientos de la contrata respecto al convenio colectivo y los pliegos de condiciones firmados con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y aunque el Justicia no quiso cuestionar el derecho a la huelga de la plantilla de AUZSA, les transmitió la necesidad de hacer "un gesto de buena voluntad" con los ciudadanos, que son los principales afectados por los paros que se prolongan desde hace 57 días, y que no tienen vistas de ser desconvocados. MEDIACIÓN Fernando García Vicente les planteó la posibilidad de buscar un acuerdo, utilizando la mediación en su caso, o acudir a los tribunales para que se dirima la interpretación del convenio colectivo 2010-2015, prorrogado a día de hoy e incluido en el pliego de contratación de la empresa, puesto que los trabajadores no están de acuerdo con el laudo de octubre del 2013 vigente hasta ahora y base del conflicto actual. Por otro lado, el Justicia de Aragón informó a los representantes de los trabajadores que está a la espera de la respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza a algunas cuestiones incluidas en el informe que publicó la institución el pasado 22 de enero tras recibir una queja de los empleados de la plantilla de AUZSA. En el documento, el Justicia se interesaba por la obligación del consistorio de exigir a la empresa concesionaria el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de sus empleados que garanticen la adecuada prestación del servicio público. Y es que una de las --ya históricas-- peticiones de los trabajadores era la instalación de baños portátiles al final de línea. Además, también cuestionó que se esté realizando un servicio en condiciones de seguridad al recoger afirmaciones de los trabajadores como que "la empresa presiona con sanciones arbitrarias ante la imposibilidad de realizar estos horarios sin incumplir las normativas de circulación". El informe también se refería a los servicios mínimos decretados por el ayuntamiento, entendiendo que, debido a la duración del conflicto y a los perjuicios que se están ocasionando a la ciudadanía, podrían exceder el límite de la "proporcionalidad razonable" entre el derecho a la huelga de los trabajadores y el de los usuarios a tener un servicio público que satisfaga sus necesidades básicas. Y aunque todavía no han recibido una respuesta por escrito, esta cuestión ha sido contestada en repetidas ocasiones por los responsables de Movilidad y Servicios Públicos del consistorio. Ayer mismo, el concejal Alberto Cubero reiteró que no aumentarán los servicios mínimos del 33%.