Ayuntamiento actua

Según el consejero Alberto Cubero, el referéndum ha dejado “conocer la postura de la plantilla”, todavía muy distanciada de la de la empresa. El Gobierno de Zaragoza en Común ha anunciado este miércoles la puesta en marcha del proceso para la realización de una auditoría a AUZSA, empresa concesionaria del servicio de autobuses públicos de la ciudad de Zaragoza. El gobierno de la ciudad ha solicitado a los trabajadores que el proceso de huelga, que dura 112 días, sea suspendido mientras una empresa externa realiza dicha auditoría, tal y como han anunciado en rueda de prensa la concejala de Movilidad, Teresa Artigas, y el consejero de Servicios Públicos, Alberto Cubero. Según Cubero, el referéndum celebrado este martes entre los trabajadores y trabajadoras de AUZSA, en el que un 74% de los votos se mostraron en contra de la última propuesta de la empresa, ha permitido “conocer la postura de la plantilla”. El consejero ha instado a la empresa a “hacer una reflexión sobre el resultado de ayer”, advirtiendo que quizá, AUZSA, “tenga que ceder también en esa mesa de negociación”, pese a haber condicionado volver a reunirse con el comité hasta que no fueran desconvocados los paros. El referéndum ha demostrado al Gobierno y a toda la ciudad la realidad de la plantilla. “Nos alegramos de que haya habido una alta tasa de participación y creemos que el referéndum era un hito necesario para conocer el sentir mayoritario de la plantilla, cuyos trabajadores respaldan al comité en un 75% y están alejados de la última propuesta que hizo la empresa el miércoles 22”, ha señalado Artigas. Por otra parte, los directivos de AUZSA, con los que se ha mantenido un encuentro esta mañana, persisten en afirmar que se vuelva al punto de partida de la negociación, aunque dejan la puerta abierta a volver al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) si el Comité lo propone. Una reunión que ya ha sido propuesta por los representantes de la plantilla esta mañana. Para Teresa Artigas, la empresa debe negociar “sí o sí”, y ha mostrado su agrado por la noticia de la nueva reunión solicitada por el comité de empresa al SAMA. La concejala ha reiterado que el ayuntamiento “no va a poner ni un euro de dinero público porque la salida al conflicto tiene que venir del beneficio industrial y no de la ciudadanía”. Alberto Cubero afirmaba que “la posición de los trabajadores tiene la legitimidad de un referéndum”, el argumento de la empresa de falta de viabilidad económica “no es objetivable”, motivo por el cual se va a pedir una auditoría “para saber si es verdad que la viabilidad de la empresa está en riesgo y no hay margen de negociación”, ha explicado. En el caso de que la respuesta de los trabajadores a suspender la huelga sea negativa, la propuesta del equipo de gobierno será, ha dicho Cubero,seguir con “la hoja de ruta” que es, ha insistido, la auditoría, sin precisar ningún otro tipo de medidas como la posibilidad de aumentar los servicios mínimos. No obstante, el consejero ha informado de que se han mantenido también contactos con los portavoces con el fin de convocar una reunión para “hacer una valoración conjunta y sosegada sobre la situación y la visión del conflicto”, no solo respecto a los servicios mínimos. “Desde el gobierno municipal estamos haciendo todo lo que podemos; buscar cauces de encuentro en todas las partes y que sigan negociando”, ha asegurado Cubero, quien ha reconocido que “aunque la decisión de no poner dinero complica la solución, es la forma acertada”. Respecto a la petición de responsabilidades que han formulado este miércoles los grupos de la oposición, ambos han apuntado que “no es algo que vaya a solucionar el conflicto”, por lo que no tienen intención de dimitir. Artigas ha precisado que la actuación se está llevando a cabo de manera consensuada desde el gobierno, que es el que ha decidido, ha advertido, “que somos las personas adecuadas”, si bien Cubero no se ha mostrado contrario a ampliar la participación al resto de los grupos. La empresa y la plantilla se mantienen distantes En la mañana de este miércoles se reunía el comité de huelga, para valorar el resultado del referéndum y las medidas a tomar, para retomar la mesa negociadora del convenio, que incluyen el escrito enviado al SAMA, para que, dentro de su labor mediadora convoque una reunión entre la Dirección de la empresa y el comité, con el fin de desbloquear la actual situación de la negociación del convenio colectivo de AUZSA. La empresa, por su parte, ha enviado un comunicado público a la plantilla en el que, según el comité, “quiere imponer a los trabajadores en qué condiciones tiene que ir a la negociación de dicho convenio, por lo que, esta actitud de la empresa sumada a su negativa a despedir al Director de Recursos Humanos que agredió a un trabajador en el SAMA, demuestra una vez más su falta de voluntad negociadora”. Desde el comité advierten que “el principio de buena fe que rige en el Estatuto de los Trabajadores, obliga a las partes a negociar bajo ese mismo principio y AUZSA, no está negociando bajo ese principio fundamental, puesto que continuamente está poniendo condiciones a esta parte”, un hecho que consideran inadmisible bajo la actual legislación. Desde el comité han mostrado su disposición a seguir negociando, “pero visto este escrito que mencionamos, la empresa no quiere negociar bajo el principio de buena fe y ello dificulta cualquier medida por parte de este comité para aminorar los paros que se están realizando en la actualidad”. Por todo ello, instan al consistorio a que, en el caso de que AUZSA se niegue a retomar las negociaciones del Convenio Colectivo, efectúe la mediación correspondiente para obligar a las partes a continuar con dichas negociaciones, tomando las medidas oportunas para ello hasta la finalización del conflicto.